jueves, 15 de mayo de 2014

Infiltrados. Crónica de la corrpción en la PNC (1992-2013)

                                                                             Héctor Silva Ávalos



Este libro documenta la intricada relación de las viejas guardias militar y política en el seno de la PNC, y cómo la secuestraron para distraerla de su misión de defender el imperio de la ley. La historia de la policía, escribe silva, no es de optimismo, sino de "infamia, corrupción e impunidad". En la crónica no falta, sin embargo, la esperanza. La historia de la corrupción incluye también algunos pocos momentos en que, con el liderazgo adecuado y el apoyo de un presidente, fue posible empezar a reparar esta institución tan importante para la democracia salvadoreña. Aún hay gente, tanto dentro de la PNC, como fuera de ella, fiel a la visión original de los acuerdos de paz: la de una policía comprometida con la honestidad, la rendición de cuentas, la seguridad civil y el imperio de la ley. Con el apoyo de los salvadoreños y sus funcionarios electos, estos reformadores aún pueden retomarla y restaurar su ideario original.

Fuente: Silva Ávalos, Héctor. (2014). Infiltrados. Crónica de la corrupción en la PNC (1992-2013). San Salvador, El Salvador, UCA Editores.
Precio: $10.00






Los infiltrados: Crónica de la corrupción en la policía de El Salvador
  • Escrito por Héctor Silva*
  • Lunes, 03 Marzo 2014
Ricardo Mauricio Menesses Orellana acompañaba la cabalgata. Era un jaripeo, una fiesta ecuestre en el municipio de Pasaquina, la Unión, territorio de la banda Los Perrones, el grupo de narco-transportistas más poderoso de El Salvador, a la que también asistían Héctor Odir Ramírez, alcalde del pueblo, y José Natividad “Chepe” Luna Pereira, un traficante de drogas y personas al que Estados Unidos seguía la pista desde mediados de los 90. A Menesses le gustan los caballos, y el jaripeo de Pasaquina era una gran oportunidad para vivir la fiesta equina. El problema es que Menesses era, cuando agentes encubiertos antinarcóticos lo vieron en aquella feria en la que también estaba Chepe Luna, el director de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador.
El Grupo Especial Antinarcóticos (GEAN) de la Policía salvadoreña -una unidad élite entrenada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y financiada en parte por Washington- seguía la pista a Chepe Luna al menos desde 2004. En 2005, un equipo de vigilancia del GEAN había ubicado al narcotraficante en el jaripeo de Pasaquina, en el extremo oriental de El Salvador: la cabalgata era liderada por el director Menesses, seguido del alcalde de Pasaquina, Ramírez, y del propio Chepe Luna. Un policía antinarcóticos encubierto, que participó en el operativo, aseguró que parte del equipo de vigilancia fue reconocido por el director Menesses. Momentos después, el jefe de la División Antinarcotráfico (DAN) de la PNC, Godofredo Miranda, ordenó a los agentes encubiertos retirarse.
El director Menesses se graduó de la Escuela Militar en 1987. Ingresó formalmente en la PNC el 8 de marzo de 1993[1], casi un año y dos meses antes de darse de baja del Ejército. El 12 de diciembre de 2002, su antecesor, el director Mauricio Sandoval, lo juramentó como subdirector general. Tras la renuncia de Sandoval a finales de abril de 2003, Menesses pasó a ser el máximo responsable de la PNC, primero de manera interina durante diez días, hasta que el 9 de mayo el presidente Francisco Guillermo Flores Pérez lo juramentó como director general.
Este es el primer articulo de una serie de cinco capítulos sobre la corrupción policial en El Salvador. Vea toda la serie aquí.

Según confirmaron tres de sus superiores, el director Menesses nunca destacó por sus calificaciones o dotes de liderazgo. Si llegó a puestos clave, dice un exdirector general, fue porque era un hombre “controlable”, un “director ausente”.
Antes, el director Menesses había pasado por el Centro de Inteligencia Policial (CIP) -del que fue el primer jefe- por la División de Finanzas y por la DAN.
En junio de 2004 Elías Antonio Saca llegó a la presidencia, pero el director Menesses mantuvo su puesto un año y medio más. Aunque de cara a la opinión pública su mandato se ligó a los planes Manos Dura y Súper Mano Dura -estrategias antipandillas que tenían como objetivo poner tras las rejas a centenares de jóvenes vinculados a las maras- desde un inicio despertó sospechas entre miembros del gabinete del presidente Saca, en el fiscal general, e incluso en diplomáticos acreditados en El Salvador, pero su estrecha relación con el crimen organizado no se conocería sino hasta cuatro años después.
En 2005, tras varios operativos fallidos por capturar a Chepe Luna, y el episodio del jaripeo en Pasaquina, las actividades del director Menesses comenzaron a ser objeto de quejas y señalamientos privados. Un cable[2] fechado el 15 de octubre de 2005 de la Embajada de Estados Unidos para el Departamento de Estado menciona una conversación entre el jefe de misión adjunto, el consejero político y el fiscal general, Belisario Artiga, en la que este último insinuó que el director Menesses era corrupto y que se había enriquecido a través de su puesto.
Las presiones se intensificaron, y el presidente Saca nombró director general a Rodrigo Ávila, pero, lejos de ordenar la apertura de una investigación contra el director Menesses, lo envió a un exilio dorado en en la embajada salvadoreña en Washington[3].
Casi cuatro años después, el nombre del primer policía de carrera que llegó a la dirección de la PNC volvió a la agenda pública. El 20 de julio de 2009, la Inspectoría General abrió una investigación en su contra por su vinculación con Chepe Luna, basada en los informes de 2005 que lo ubicaban en aquel jaripeo.
 Tres meses después, la Inspectoría le abrió un nuevo expediente, esta vez por supuestos vínculos con Carlos Alberto Rivas Barahona, alias  “Chino Tres Colas”, uno de los líderes de la pandilla Barrio 18, quien luego sería condenado por extorsión y homicidio[4]. En febrero de 2010 a estos cargos se le agregó el de abandono laboral, por no presentarse a su puesto después de haber regresado de Washington en diciembre del año anterior.
Al final, el tribunal disciplinario de la PNC destituyó a Menesses en marzo de 2010 por abandono de labores y no por ninguno de los otros cargos.
Con Ricardo Menesses, la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en la PNC de El Salvador llegó hasta los despachos del más alto nivel en San Salvador. No siempre fue así. En 1993, tras la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno del partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) al que apoyaba Washington, la PNC era una ventana a la esperanza.
El pecado original
La PNC fue creada por los Acuerdos de Paz para sustituir a la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional, los tres cuerpos de seguridad dependientes de las Fuerzas Armadas, a los que la Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló como autores de graves violaciones a los Derechos Humanos, asesinatos extrajudiciales y masacres[5].
Se suponía, en el papel, que la PNC sería la punta de lanza de una nueva cultura de paz; que debido a su cercanía con la gente el rol de la nueva Policía sería esencial en el proceso de democratización del país: en la PNC descansaba el estado para aplicar las nuevas leyes, ganar la confianza de la población civil y, al final, para legitimar su derecho a usar la fuerza para mantener el orden y hacer valer la legalidad en la posguerra, que se preveía turbulenta. Si la PNC fallaba, dijo en su momento la ONU, todo el proceso podía verse amenazado en el futuro.
La PNC falló y, de hecho, el proceso salvadoreño, el de consolidación de su paz y su democracia, es incompleto y débil por esa falla.
La PNC fue capaz de trascender el status quo previo: es, sí, una policía más profesional, menos rudimentaria, más capaz, democrática, profesional y orientada a los ciudadanos que sus tres antecesoras militares, la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional. Esto tampoco es mucho decir. El cambio, además, no debería atribuirse a las élites políticas salvadoreñas, de derecha o izquierda, ni al liderazgo de la PNC. Fueron la comunidad internacional, representada por la Naciones Unidas, por la incipiente sociedad civil salvadoreña, e incluso por las víctimas mismas de los abusos policiales y por unos pocos policías visionarios, los que impidieron la regresión absoluta de la PNC. Las buenas noticias, sin embargo, acaban ahí.

La investigación plasmada en esta serie -y en el libro “Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC”, que se publicará en San Salvador en marzo- permite sostener que la PNC ha fracasado. Fracasó en la tarea de construir una nueva cultura de aplicación de la ley y en la de cambiar la conducta de sus oficiales. Fracasó en la tarea de crear métodos efectivos de depuración interna. Y, con consecuencias devastadoras para su misión de perseguir y prevenir la actividad criminal, la PNC falló en su tarea de entrenar agentes capaces de investigar y castigar a los transgresores de la ley sin importar sus conexiones políticas, ideologías o su estatus económico o social. Como sus antecesores, la PNC se especializó en obstruir la justicia y garantizar la impunidad para aquellos con suficiente influencia o dinero.
Como la ONU predijo al enumerar una y otra vez los riesgos de que la PNC naciera contaminada o sin herramientas eficaces para limpiarse a sí misma, y como advirtieron algunos funcionarios extranjeros al señalar la falta de voluntad política de sucesivos gobiernos para fortalecer una fuerza pública independiente y profesional, la debilidad institucional pasó factura: fue por la Policía por donde el crimen organizado transnacional, sobre todo organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero, penetraron el sistema de partidos políticos y el tejido social.
Ricardo Menesses tipificaba los problemas en muchos aspectos, comenzando por su origen militar. Fue el primer policía de carrera que llegó a la cima de la institución, pero también fue el primer director de la PNC que ingresó al cuerpo sin siquiera haberse dado de baja del Ejército. Los Acuerdos de Paz preveían que los oficiales del ejército que formarían parte de la PNC debían darse de baja de la situación militar activa como parte del proceso para crear una nueva Policía, alejada de la historia de corrupción, violaciones a los Derechos Humanos y asesinatos extrajudiciales que plagaban a los viejos cuerpos de seguridad.
El 12 de mayo de 1994, el presidente Alfredo Cristiani firmó el Acuerdo Ejecutivo No. 221[6], que daba de baja en forma extemporánea a 25 oficiales del ejército, miembros de los antiguos cuerpos de seguridad, entre ellos Ricardo Menesses. La inclusión de ese grupo en puestos de mando en la PNC marcó la primera gran violación del Gobierno al espíritu de los Acuerdos de Paz en el tema de la seguridad pública al aceptar militares de alta en la nueva Policía. De ese grupo de policías surgió la élite más poderosa de la PNC, que ha terminado siendo también la más cuestionada.
En el grupo están los oficiales que más poder han tenido desde que se creó la institución y también los oficiales sobre quienes pesan los más graves señalamientos periodísticos, administrativos y judiciales. A varios de esos oficiales se los ha investigado o acusado de favorecer a contrabandistas, narcotraficantes, pandilleros y lavadores de dinero, de acoso sexual, de obstruir la justicia, de torturas, de amenazas, de intento de homicidio. Pero solo uno ha enfrentado a un juez, en un caso relacionado con un escuadrón de la muerte dedicado a ejecutar a miembros de pandillas, y salió libre. Del resto, la mayoría sigue en la PNC, y buena parte continúa en puestos de poder.
Entre los 25 nombres que se incluyeron en el Acuerdo No. 221, han salido un director general de la PNC, tres subdirectores, cuatro jefes de la DAN, un jefe de la CIP, un jefe del Centro Antipandillas Transnacional, tres jefes de la División de Investigación Criminal, dos jefes de Áreas Especializadas y varios asesores de la dirección general.
“En una reunión con los más altos jefes de la Policía y de Seguridad Pública se lo dije: ‘Ustedes han tenido el poder 20 años, y lo bueno o malo que pase en la PNC es responsabilidad de ustedes, de nadie más'”, dice un miembro de la Fiscalía[7] sobre una reunión realizada en julio de 2013 en la que se abordó la captura de un narcotraficante y la posible complicidad que con él tienen varios altos mandos policiales. En ese encuentro estuvieron el fiscal general, el director de la PNC, algunos subdirectores y representantes del Ministerio Seguridad Pública.
La Inspectoría General investigó a al menos nueve de los oficiales que aparecen en el Acuerdo 221 por faltas administrativas graves o menos graves. Seis fueron expedientados por la inspectora Zaira Navas, tres por el inspector Raúl Melara Granillo, y dos por la inspectora Nora Centeno de Bell[8]. Entre estos oficiales está Menesses.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) mencionó a seis de ellos en informes por violaciones al derecho a la vida, al derecho a las garantías judiciales, al derecho al debido proceso legal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a la verdad en diversos casos. En tres ocasiones -dos[9] de ellos conocidos también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos- la PDDH recomendó a la Fiscalía y a la misma PNC establecer responsabilidades administrativas y penales, lo cual nunca ocurrió.
Uno del listado fue demandado tres veces por acoso sexual[10] y una más por discriminación laboral en diferentes tribunales y ante la PDDH. El sistema judicial lo sobreseyó en todos los casos.
Otro exmilitar fue señalado por uno de los directores generales de la institución por fraude procesal. En virtud de un decreto legislativo que le dio poderes especiales para saltarse los procesos disciplinarios y las sanciones administrativas, el director expulsó a ese mismo oficial de la PNC, pero la Corte Suprema de Justicia revirtió casi todos los procesos iniciados, y el oficial, además de otros que habían sido sancionados o separados de sus cargos, fueron perdonados y retornaron a sus puestos.
Uno de los pocos oficiales que terminó fuera de la PNC, en aquel proceso iniciado por el director Sandoval en 2000, fue Douglas Inestroza Ascencio, también miembro del grupo.
Uno de los tenientes del Acuerdo 221 fue el único que tuvo que sentarse frente a un juez en 1995 acusado de formar parte de la Sombra Negra[11], un escuadrón de la muerte en la que participaron policías que se dedicaba a ejecutar pandilleros y miembros de bandas del crimen organizado. El oficial fue exonerado poco menos de un año después de su arresto y desde entonces, ha ocupado puestos importantes en la PNC.
Desde el principio, la PNC nació con su propio pecado original: la inclusión de exmilitares que pactaron con el crimen organizado y aseguraron una estructura de poder cerrada que impidió, por más de dos décadas, que alguna autoridad los investigara.
Menesses se fue por su propio pie. Y todos los oficiales de aquella tanda que se dio de baja en 1994, y fueron luego acusados de delito, siguen en sus oficinas, lejos, la mayoría, de procesos penales o investigaciones internas. La sensación de que el proyecto inicial de la PNC quedó cortado es, ahora, más profunda.
*Este es un resumen que InSight Crime ha hecho sobre la investigación realizada por el periodista salvadoreño Héctor Silva, cuyo resultado final se encuentra en su libro “Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC de El Salvador”, que pronto se publicará. Vea todo la serie aquí.
Silva es un periodista de carrera que trabajó durante 15 años en La Prensa Gráfica de El Salvador. Desde mediados de 2012 es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University, donde se ha consolidado como autoridad en estos temas. Para información adicional por favor contactar al autor al correo
Nota al pie 
[1] Beltrán, J. “Ricardo Menesses queda a cargo interinamente”. El Diario de Hoy, San Salvador, 29 de abril de 2003.
[2]Butler, M. “El Salvador homicides equal 2004 figures/Finger pointing among justice sector.” Wikileaks. Cable: 05SANSALVADOR2811. 14 de octubre de 2005 
[3] Ver de Silva Ávalos, Héctor “Washington, refugio para amigos de Chepe Luna”. InSightCrime.org, 28 de mayo de 2013. http://es.insightcrime.org/analisis/washington-refugio-para-amigos-de-chepe-luna
[4] Equipo Nación. “PNC investiga ex director por vínculo con pandillero. La Prensa Gráfica, San Salvador, 20 de octubre de 2009.
[5] Ver Resumen “De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador: Reporte de la Comisión de la Verdad para El Salvador.” Uca.edu.sv
[6] Como aparece publicado en el Diario Oficial ACUERDO No. 221.- 
San Salvador, 12 de mayo de 1994.
“El Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Defensa Nacional Acuerda: TRANSFERIR de la Situación Activa Categoría de las Armas, a la Situación de Reserva en la misma Categoría a los señores Mayor ÓSCAR ARMANDO PEÑA DURÁN; Capitanes ABRAHAM ALBERTO MARÍN LÓPEZ; ÓSCAR OLIVERIO GÓMEZ DUARTE; LUIS ERNESTO NÚÑEZ CÁRCAMO; Tenientes GODOFREDO ALBERTO MIRANDA MARTÍNEZ; VLADIMIR ALBERTO CÁCERES RIVAS; WILFREDO DE JESÚS AVELENDA ECHEVERRÍA; ÓSCAR ORLANDO CALDERÓN BAIDES; VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ PERAZA; DOUGLAS OMAR GARCÍA FUNES; JAIME FRANCISCO VIGIL RECINOS; RICARDO MAURICIO MENESSES ORELLANA; WILLIAM LEONEL ORANTES SALAZAR; PEDRO BALTAZAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ; PABLO DE JESÚS ESCOBAR BAÑOS; JORGE ARMANDO FLORES VELASCO; MAURICIO ANTONIO ARRIAZA CHICAS; CÉSAR BALDEMAR FLORES MURILLO; DANIEL DE JESÚS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ; DOUGLAS RENÉ INESTROZA ASCENCIO; ALEX ENRIQUE LEMUS RECINOS; ÁNGEL MIGUEL BARQUERO SILVA; Subtenientes MAXIMILIANO TORRES JIMÉNEZ; ROMEO ANTONIO MARTÍNEZ MOLINA y MIGUEL ÁNGEL GUERRERO VALLECILLOS.
El presente movimiento surtirá efecto a partir de esta fecha. COMUNÍQUESE (Rubricado por el señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada). El Viceministro de la Defensa Nacional, TEJADA MURCIA
[7] Entrevista con el autor. San Salvador. Agosto 2013.
[8] Los oficiales Luis Ernesto Núñez Cárcamo y Wilfredo de Jesús Avelenda Echeverría fueron expedientados en más de una ocasión.
[9] Ver Caso García Prieto y otro versus El Salvador. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Ver Informe Especial de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, dictado el 9 de mayo de 2002, Katya Natalia Miranda Jiménez.
[10] Ver Informe Especial sobre Acoso Sexual y Discriminación de las Mujeres en la Policía Nacional Civil. PDDH. Mención a Wilfredo Avelenda Echeverría, 24 de julio de 2003.
[11] Para un recuento completo del caso Sombra Negra y de las acusaciones contra Flores Murillo y otros miembros de la PNC ver Ladutke, Lawrence Michael. “Freedom of expression in El Salvador”. 2004. Págs. 205 ss.


1 comentario:

Anónimo dijo...

Gracias por decir, lo que muchos ocultan